Ciudad de México a 6 de febrero de 2018.- El 68% de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) que existen en México están afectadas por concesiones mineras, en su mayoría para la extracción de metales preciosos, según el análisis que este medio realizó en 2017 de la base de datos existente hasta ese momento de la Secretaría de Economía.
Las empresas dueñas de los títulos de concesión pertenecen o están relacionadas a grandes emporios industriales -tanto de capital nacional como extranjero- mismos que gozan de un gran poder financiero, político o de ambos; varios de estos grupos están interrelacionados entre sí y tienen además intereses en otros sectores como el de telecomunicaciones, el comercial o de la banca. Sobre algunos pesan acusaciones como evasión de impuestos, daños medioambientales, despojo a comunidades o ejecución a líderes comunitarios. O en el extremo contrario: se trata de empresas totalmente desconocidas, sin posibilidad de probar su experiencia en el sector y con actividades meramente de adquisición y cesión o venta de estas concesiones.
Atrás quedaron los años en que los mineros hacían fila con picos y palas al hombro para bajar a trabajar a la mina, caracterizada como una pequeña gruta rodeada de vegetación boscosa; si bien es una imagen idílica de la minería que se repite constantemente en el cine y series televisivas, está alejada de lo que implica la actividad minera actual: proyectos a gran escala, trabajo especializado, uso de explosivos y maquinaria pesada para remover toda la superficie y poder acceder a los recursos del subsuelo. Esta técnica denominada a tajo o cielo abierto, erosiona y deforesta el terreno, obliga a la fauna a desplazarse y acapara el agua disponible y la contamina, además de requerir mano de obra especializada lo que significa que las comunidades locales son poco empleadas. Es cierto que la técnica de tajo a cielo abierto no es la única utilizada por la industria, pero sí es la más recurrida y la que más afecta al medio ambiente, según lo que documenta la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos de la Minería Canadiense en Puebla (EIDH), elaborado por diversas organizaciones sociales.
Paradójicamente, las empresas mineras participan en 9 Consejos Asesores de Áreas Naturales Protegidas, de acuerdo al informe 2016 de la Cámara de la Industria Minera México (CAMIMEX). Uno de los logros de esa participación fue incluir “una subzona de aprovechamiento sustentable para permitir la exploración y explotación minera, además de continuar con la subzona de aprovechamiento especial”. Otro de los logros de esta negociación fue eliminar un “mecanismo innovador para la minería” que les adicionaría obligaciones por explotación, esto con el beneplácito de la autoridad -Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)- y según asegura el mismo informe, esta eliminación brinda seguridad jurídica a las mineras.
Las ANP son el instrumento más trascendente para lograr el equilibrio ecológico y evitar la pérdida de la biodiversidad; sin embargo, su utilidad en México se ve cuestionada por las más de 1,900 concesiones mineras entregadas dentro de las áreas terrestres. Si comparamos entre las hectáreas destinadas a proteger al medio ambiente y las otorgadas para la minería encontramos que sólo el 10% del territorio mexicano terrestre tiene como fin la conservación de la biodiversidad mientras que el 11% del territorio está concesionado a las mineras.
El propio gobierno mexicano reconoce en foros internacionales el aporte de las ANP para combatir el cambio climático y la necesidad de que las “Áreas Naturales no sean de papel sino que sean eficaces”. Pero si hay un sector lleno de paradojas ese es el sector minero, las propias empresas mineras reportan en sus informes financieros como factor de riesgo de sus operaciones el cambio climático; sin embargo, la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) ha documentado que el 59.34% de estas empresas no cumple con la normatividad ambiental. En su Informe de Actividades de 2016, esa Procuraduría encontró en las visitas de inspección a estas empresas que “las principales irregularidades detectadas en este sector fueron el incumplimiento de términos y condicionantes de la autorización de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales”.
Aunque es innegable el aporte que a lo largo de la historia de México ha tenido el sector minero, ello no es garantía de que los recursos naturales se usen y aprovechen en beneficio del país. En 2016, esta actividad tuvo una participación en el PIB Nacional del 5.8% (1,037,621) y empleó a 354,702 personas en 2016 de acuerdo con la CAMIMEX, sin embargo, el Banco Mundial acota que “la minería contemporánea requiere de mano de obra muy calificada y por ello no suele emplear a la población local”, y si bien la CAMIMEX insiste en lo poco redituable que es la industria minera en México debido a la política fiscal y por lo tanto el gobierno debería no sólo exentar de impuestos sino deducir los gastos de operación. Pero esta política fiscal de la que se queja entró en vigor hasta 2013 pues “México era uno de los muy pocos países mineros en los que no se cobraba ningún tipo de impuesto o regalía por la producción a boca de mina”, señala el informe Desigualdad Extrema en México, publicado por la organización Oxfam y enfatiza en que esto “alentó la extracción acelerada y asimismo favoreció desproporcionadamente a los concesionarios mineros mexicanos a costa del agotamiento de las riquezas minerales del país. Más claro: los recursos naturales de la nación entera han beneficiado sólo a unos cuantos”.
Aunado a lo anterior y a pesar de las quejas de la Cámara Minera, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el 93% de los titulares de concesiones mineras evadieron impuestos. En la “Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0075” documento que plasma la fiscalización sobre recaudación y cumplimiento de derechos mineros que realizó la ASF de la Cuenta Pública de 2015, el gobierno mexicano únicamente recaudó 2,612 millones de pesos que provinieron de 227 contribuyentes, lo que significa que de los 3,111 que estaban obligados al pago, sólo cumplieron el 7% de ellos. De los 2,884 que incumplieron en 96 de los casos se trata de grandes contribuyentes (los que declaran ingresos mayores a 1,250 millones de pesos al año).
La ASF reconoce que no puede determinar a cuánto asciende el incumplimiento del pago de impuestos, toda vez que las dependencias a cargo, la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT) le informaron que no cuentan con el padrón actualizado de las empresas que tienen concesiones mineras ni la base exacta de los títulos de concesión y la existente está llena de irregularidades, expresa en la Auditoría Financiera. Y ejemplifica que de los 24,961 títulos de concesión que tiene registrados, en 43% de los casos (10,668), está señalada la fecha de la vigencia del título de concesión como anterior a la fecha en que fue expedido dicho título; en otros casos (352) ni siquiera se indica la fecha de vigencia. Del total sólo se pudieron identificar plenamente 1,770 registros, es decir el 7%; en el resto -además de lo mencionado- la ASF detectó que no hay información “sobre los ingresos que obtuvieron, la evidencia o declaratoria de trabajos de exploración y explotación, el tipo y cantidad del mineral o sustancia extraída y los ingresos por la enajenación de oro, plata y platino”.
Es decir, que la autoridad tampoco pudo exigir el pago del impuesto extraordinario, obligación dirigida a los concesionarios que además comercien oro, plata y platino, ese impuesto asciende al 0.5% anual de los ingresos que obtengan. Sin embargo, las autoridades no tienen forma de comprobar quiénes son los concesionarios que producen oro y plata y si están obligados al pago de este impuesto. Paradojas, la mayoría de los títulos que están dentro de las Áreas Naturales protegidas fueron otorgados para la extracción de plata y oro.
Y si bien existe un mecanismo de sanción para los concesionarios que incumplan con el pago -las penas van desde multas hasta que les sea cancelada la concesión- este no fue aplicado puesto que la Secretaría de Economía entregó un padrón desactualizado y lleno de inconsistencias que le impedía al SAT poder identificar a los contribuyentes obligados al pago, según recoge la ASF en su documento citado:
Para poder proceder contra las mineras evasoras de impuestos, el SAT necesita el RFC de cada contribuyente, dato que la SE en algunos casos desconoce porque, según argumenta esa dependencia, no es un dato importante y aunque ambos entes firmaron un Acuerdo de Cooperación no establecieron en las reglas de operación los mínimos de información que necesitan para poder realizar su trabajo.
Pero la propia ASF matiza, no sólo es responsabilidad de la SE, pues el SAT por sí mismo pudo haber identificado a los posibles sujetos obligados, máxime que hay grandes contribuyentes, y enlista las posibles maneras de identificarlos: “registros de la actividad preponderante a que se dedican, el domicilio fiscal, impuestos sobre la renta causado, conceptos por los que emiten las facturas, entre otros”. La autoridad no quiso cumplir con sus obligaciones, tampoco las mineras.
En La Data nos dimos la tarea de investigar cuáles son las empresas que detentan la mayor cantidad de concesiones mineras dentro de las áreas naturales protegidas. Mediante un cruce entre las reservas naturales y la cartografía minera publicada por la SE, ubicamos las concesiones que se encuentran dentro de las ANP de nuestro país. De ellas elegimos a las 11 empresas que mayor área protegida tienen concesionada, además revisamos los títulos de concesiones y cuando se tratara de corporativos, unimos los relacionados a las empresas que pertenecen al mismo emporio.
Como lo señalamos en párrafos anteriores, la propia autoridad responsable reconoce que la base está desactualizada y presenta errores, pero esto es lo más cercano que tiene la sociedad mexicana a conocer en manos de quiénes están sus Áreas Naturales Protegidas y sobre todo quiénes obtienen beneficios de los recursos naturales del subsuelo, un recurso que las leyes marcan como propiedad de la nación pero de los cuáles ésta se ve muy poco beneficiada.