Vivir y morir desconocidx

Dicen que la Muerte no discrimina, que se lleva por igual a ricos a pobres, pero eso es un mito. La Muerte no es garante de la democracia ni de la igualdad. Lo saben quienes viven y mueren en las calles de la Ciudad de México.

Pocas tienen la "suerte" de Thalía. Su perfil afilado, cabello ensortijado que Leticia -amiga suya- asegura se veía espectacular cuando lo arreglaba para ir a trabajar en las inmediaciones del metro Hidalgo. La foto es de hace 5 años, muestra una Thalía-sonrisa alumbrando una charola llena de canastitas para las posadas en “Las Casitas”, el campamento en La Raza, dónde vivía.

Ni siquiera Leticia sabe del todo cómo murió. Una llamada le avisó en su trabajo, a 60 pisos de altura, que su amiga estaba agonizante. Cuando llegó al hospital fue solo para reconocer el cuerpo.

Leticia relata que fueron los chavos de “Las Casitas” quienes encontraron a Thalía golpeada y sangrando por la boca. Ellos llamaron a los paramédicos pero cuando llegaron no se la querían llevar: “se va morir, ni caso tiene que nos la llevemos”; una chica se puso a llorar ante la visión “realista” de los médicos; la chava se aferró y presionó, se subió a la ambulancia y fue así como trasladaron a Thalia al Hospital Rubén Leñero.

La atención médica fue en el mismo sentido, los doctores le dijeron que era por los solventes, pero “¿cuáles solventes? si Thalia ni se moneaba ni se drogaba", enfurece Leticia.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INCIFO), instancia encargada de realizar las necropsias cuando se trata de muertes violentas y sospechosas, reportó que durante el año 2015 recibió 4,929 cadáveres, en promedio 13 cuerpos por día; de ese total 438 no fueron identificados, es decir, casi el 9% de los cuerpos no podrían ser reclamados por su familia ni por instituciones.

Estas cifras contrastan a las que recopiló “El Caracol”, organización que año con año realiza un censo de la población callejera que ha muerto. Este registro lo hacen a partir de la información que encuentran en notas de diarios, medios digitales y también mediante entrevistas directas a la población callejera. En su monitoreo –que abarca de los años 2014 a 2017- encontraron que en 2015, fueron 116 personas las que murieron en la vía pública y de ellas sólo el 21.55% fue reclamada por algún familiar, institución u organización.

De acuerdo a lo investigado por "El Caracol", la principal causa de muerte es la asociada a enfermedades y complicaciones médicas -la mayoría totalmente curable y prevenible, como la deshidratación o hipotermia-, la segunda causa son homicidios y la tercera son accidentes viales. Las principales víctimas que identifican son personas entre el rango 20 a 50 años de edad.

“La banda asume que por vivir en la calle trae aparejado el hecho de morir en ella”, explica Luis Enrique, Director de El Caracol, “para esta población la muerte siempre ha estado cerca”. La “buena” suerte de Thalia fue que alguien la recuerda y peleó por recuperar su cuerpo.

Pero el caso de Thalia es lo menos común. Del total de personas muertas registradas entre enero de 2014 a octubre de 2017 sólo en el 31% de los casos se conoce su nombre. En la mayoría de los casos sólo se sabe el apodo o a veces ni eso.

Suri o Zury se juntaba con el grupo del Monumento a la Revolución, sólo un chico la recuerda en medio del viaje de solventes, pero ¿cómo murió, dónde, cuándo y qué fue de su cuerpo? Eso él ya no lo sabe.

Mediante una nota en “La Prensa” sabemos la dirección y la fecha dónde fue encontrado su cuerpo -17 de septiembre del 2017-. Zury tenía aproximadamente 15 años de edad; según el diario, ella simplemente no despertó, quizá un fallo en el corazón, aventuran los paramédicos. Y hasta ahí.

En la Ley General de Salud se establece que un cadáver se considerará como de persona desconocida, cuando nadie lo reclame, dentro de los siguientes 3 días (72 horas, precisa el articulo 347) posteriores a la pérdida de la vida y también del cadáver del que se ignore su identidad. La misma ley que mandata que los cadáveres sean tratados con respeto, dignidad y consideración.

Es decir, la muerte está irremediablemente asociada a la identidad.

Pero en la calle se pierde todo. El nombre es de lo primero que se va entre el olvido o las ganas de cambiar el pasado. Adquieres otra identidad, una válida para “la banda” pero no para las instancias oficiales. Credencial de elector, pasaporte, CURP o acta de nacimiento dejan de tener sentido dentro de la cultura callejera y en algunos casos hasta se vuelven una fuente de peligro.

Estos documentos simbolizan algo más que un nombre, son tu adscripción a una colectividad e implican ser -o no- considerada una persona sujeta de derechos, tu rango de ciudadanía y sobre todo la posibilidad de poder ejercer derechos como la salud, un debido proceso legal, defender tu integridad personal… Derechos humanos indispensables.

“El Caracol” trabaja formalmente con la población callejera desde el año 94, nace para llenar el vacío en la atención a jóvenes en situación de calle y desde un enfoque de derechos humanos, pues en los años 90 se centraba la atención en “los niños de la calle” pero se necesitaba ir más allá de ese concepto: las y los jóvenes tenían otras necesidades. “Se hacía necesario abordar el tema laboral, de salud sexual e incluso la perspectiva escolar era diferente; cuando iban a algún albergue ya no querían armar rompecabezas”, nos señala Luis Enrique Hernández.

Desde esa perspectiva es que “El Caracol” cada año realiza la campaña “Chiras Pelas, Calacas Flacas”. Cuando te gritan “chiras pelas” sabes que te “mataron”, y ya no puedes jugar más a las canicas.

Así, a través del juego de canicas las educadoras de la organización se ganan la confianza de chavas y chavos; les animan a platicar de sus compañeros que fallecieron en el año o sobre quien más recuerden. Y en los recuerdos afloran las causas de muerte, las situaciones que los pusieron en riesgo y la forma en que podrían prevenirlo.

Y aunque es difícil medir la incidencia o los efectos de la campaña, nos explica Alejandra -una de las educadoras de "El Caracol"-, persisten en ella porque es una forma de acercarse a los chavos y difundir el trabajo de la organización: hacerles saber que tienen un lugar a donde recurrir en caso de que necesiten atención médica, hacerse exámenes de embarazo o de VIH-SIDA, guardar sus documentos. Este espacio, también se convierte en un momento clave para informales sobre sus derechos.

La contracara de su trabajo es lograr sensibilizar a las instituciones de salud, "el monstruo de mil cabezas", como las califica Hernández, pues a veces depende totalmente de la voluntad de las personas que estén a cargo y su nivel de sensibilidad para que la población callejera sea atendida.

El trato que recibe la población callejera se aleja de los estándares internacionales de derechos humanos, muchos de los chicos acusan ser víctimas de discriminación y por ese motivo no les gusta pedir atención médica. Este maltrato médico implica en muchas ocasiones la muerte.

En un caso que documentó la CDHDF, en Iztapalapa una persona en situación de calle murió porque nunca recibió atención médica a pesar de que los vecinos llamaron insistentemente a Protección Civil, la Cruz Roja y al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Ninguna instancia quiso ayudar: “ellos no se hacían cargo de ese tipo de personas” y que “la política de la Cruz Roja es no recoger indigentes” fueron las respuestas que obtuvieron. Según documenta la recomendación 13/95 de la Comisión.

El mismo documento señala que personal de Radio Organizado de Auxilio en Comunicación y Ayuda, A.C., asistió a la persona pero “no lo recogió porque en los hospitales rechazan a los indigentes” y “sólo lo estarían paseando”.

Han pasado más de 20 años desde este caso; sin embargo, la realidad para la población que vive en la calle ha cambiado poco. Hernández describe que se hace un círculo terrible: las ambulancias no quieren atender a los chicos porque los hospitales no quieren recibirlos.

"Al parecer las instituciones de salud son las que se llevan la medalla en discriminación por la apariencia física de la población callejera", nos relata Luis Enrique y en la conversación aflora el caso de Natalia, una joven mujer que cuando empezó la labor de parto acudió a tres hospitales diferentes.

Del Centro Histórico, Natalia caminó al Hospital de la Mujer. Del Hospital de la Mujer se trasladó al Rubén Leñero. Del Rubén Leñero llegó al Gregorio Salas, eran las 4 de la mañana y Natalia llevaba 11 kilómetros y 4 horas de caminata mientras estaba en labor de parto.

Media hora después que nació su bebé, ella entró en coma, su organismo había colapsado por el esfuerzo al buscar atención médica.

A todos los hospitales a los que acudió los guardias de la entrada le impidieron el paso alegando que estaba drogada pero ella se les enfrentaba e insistía que desde que supo de su embarazo no se había vuelto a drogar "para que el bebé naciera bien”. Aun así, le fue negada la entrada.

Al final tuvo su bebé en el baño del Hospital Gregorio Salas, además de sufrir la negación de la atención médica, las autoridades la acusaron de maltrato infantil… porque Natalia tuvo a su bebé en el baño. Un caso que ilustra la discriminación múltiple que sufre la población, analiza Hernández.

"El Caracol" presentó una denuncia ante el CENAPRED por discriminación, pero el organismo, señala Hernández, la rechazó porque "no había registro de ella en los hospitales, y pues sí, los guardias de seguridad no anotan en su libreta de control a la gente que rechazan, sólo a la que dejan pasar", puntualiza el activista.

El Protocolo de Atención a Poblaciones Callejeras, publicado el 16 de junio de 2016, contempla las obligaciones que diversas instancias públicas de la Ciudad de México deben de cumplir en base al principio de no discriminación y respeto a los derechos humanos de este grupo poblacional. Respecto al sector salud establece que los servicios de salud tienen que estar garantizados, ser accesibles física y geográficamente y ampliar la cobertura de los servicios básicos.

Estas poblaciones, enfrentan a diario la discriminación y negación sistemática de sus derechos humanos, situación que se repetirá hasta su muerte. A menos que tenga la suerte que no tuvo en vida y entonces algún familiar o sus amigos logren recuperar su cuerpo y le den un entierro digno.

Para las personas sin identificar, su destino final será el Panteón Civil de Dolores, lugar que tiene autorizado el único espacio para servir como fosa común de la Ciudad de México, un Mictlán al que pocas quieren llegar. Antes, su cuerpo podrá ser utilizado para fines terapéuticos, de docencia o de investigación.

En la Ciudad de México el INCIFO tiene convenios con 11 instituciones educativas, como la UNAM o el IPN, quienes pueden disponer del cuerpo por un determinado tiempo antes de devolverlos al INCIFO y por fin encontrar algo de descanso en la fosa común.

Según los datos de "El Caracol", en 76% de las muertes que registraron no se sabe el destino de los cuerpos y del 24% restante se identificó que el 14.5% de los casos el cuerpo de la persona no se recuperó; es decir, a pesar de que se conozca la identidad de las personas, un porcentaje no será reclamado.

La Ley General de Salud señala que sólo familiares consanguíneos hasta segunda línea y que tengan los mismos apellidos o algún cónyuge que la persona que falleció son las personas autorizadas para reclamar el cuerpo.

Para evitar que los cuerpos de la población callejera acaben en fosas comunes, El Caracol impulsó el tema post mortem con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que también se permitiera a los amigos reclamar los cuerpos; sin embargo, hasta la fecha no existe un protocolo que subsane este punto.

Así que el vacío legal persiste, la población callejera en su mayoría no tiene relación con su familia sanguínea, en otros casos la familia no quiere hacerse cargo. Muchas veces son los integrantes del grupo quien piden enterrar el cuerpo.

En algunas ocasiones, y sólo cuando hay una solicitud expresa de la población callejera es que “El Caracol” ayuda a realizar el trámite de recuperación de cuerpo. Se basan en el aval moral que les da su trabajo en derechos humanos además de dejar asentado ante el Ministerio Público que se obligan a entregar los documentos de entierro y acta de defunción para que la autoridad tenga la certeza de saber el destino del cuerpo -explica Hernández- y que no se hizo un mal uso del cadáver, preocupación latente en la Ley General de Salud.

Fue así como lograron darle una sepultura digna a Thalía pues a pesar de que no era familiar consanguíneo de Leticia, cuidó siempre de ella. Desde que era un chiquito, un niño cariñoso que abandonó a la familia “bien” que lo rechazó y no lo protegió de un padrastro que abusó de él.

Hijo o hija, él o ella, Leticia usa indistintamente el género cuando de Thalía se trata. Recuerda que la motivó a estudiar la secundaria, y “Thalis” por su parte le ayudó a seguir “pa adela”, a echarle ganas. Ambas mujeres se apoyaron mutuamente, “íbamos siempre agarradas de la mano”, “Thalía siempre estuvo cuando más la necesitaba..." Leticia evade la mirada.

La discriminación que Thalía sufrió por ser mujer trans también alcanzó a Leticia. Le decían que no se juntara con ella porque si no la gente iba a decir que le gustaban las mujeres o que era “manflora”, así que más de una vez tuvo que salir a defenderla, incluso a golpes.

Depresión, hemorroides indebidamente tratadas o la paliza que le dio "El Corre" cuando Thalía se negó a “tener relaciones” con él o tal vez todas las razones anteriores fueron la causa médica de su muerte. De todas formas, el acta de defunción no está correcta, no está bien dictaminada cómo había sido la muerte de Thalía según Leticia: "los doctores lo hicieron así para que no se complicara más la entrega del cuerpo, a pesar de los golpes que identificaron en las partes de las costillas".

Leticia ahora se echó la misión de avisarle a la mamá biológica de Thalía la muerte de su hija; “Una como madre tiene el derecho de saber dónde quedan sus hijos, yo me sentiría mejor, me sentiría liberada cuando le pueda decir a su mamá que su hijo o su hija -como le quiera decir- ya no está más con nosotros”.

De 2014 a 2017, El Caracol tiene el registro de 500 personas que murieron en la vía pública, de la mayoría siguen sin conocerse quiénes son o cómo murieron. Estos casos los mostramos en la siguiente gráfica, todo indica que vivir y morir en la calle es muchas veces sinónimo irreparable de perder la identidad.