Usualmente se suele vender la idea de que los integrantes de las policías comunitarias y las autodefensas son personas peligrosas que forman parte de la delincuencia organizada o el narcotráfico. Un problema que hay que controlar. Y cuya mejor solución sería la intervención -con mano dura- del gobierno.

Este imaginario es la consecuencia de una información incompleta. Pocas veces se nos informa sobre su origen y sus motivos, sus actividades y su relación con los pueblos indígenas de México. También se olvida la intensa violencia que han padecido estos pueblos, fenómeno histórico que lamentablemente podemos encontrar en casi cualquier parte del territorio nacional.

Resultado de esta deficiente comunicación, existe una notable confusión entre policías comunitarias y los grupos de autodefensa originados en Michoacán.

Mi intención el día de hoy, es contarles parte de lo que escuché y observé sobre el origen y proceso de una de las policías comunitarias de México.

El pasado 29 de junio tuve la oportunidad de asistir al 8° aniversario de la comunidad de Xayakalan, fundada en 2009 en el pueblo nahua de Ostula, Michoacán, a raíz de la recuperación de más de 1200 hectáreas de tierras robadas por empresario locales 50 años atrás. Aunque este hecho fue poco difundido en los medios masivos de comunicación, forma parte de uno de los tantos logros que la organización autónoma indígena ha conseguido y en donde la policía comunitaria, ahora llamada “Guardia Comunal”, fue  pieza clave para su autoprotección.

Era ya de noche y nos preparábamos para escuchar a un grupo norteño que formaba parte de las actividades de la conmemoración. Después de platicar sobre la música, la comida y los bailes tradicionales del lugar; uno de los integrantes de la guardia comunal comenzó a contarme sobre la historia de Xayakalan:

“Allá por 1998 la comunidad empezó a organizarse en asamblea para tomar posesión de estas tierras, porque como verás, este lugar donde te encuentras ahora, es de nuestro pueblo. Pero hace años nos lo habían quitado caciques de la Placita (un pueblo vecino que se encuentra unos 10 minutos de Xayakalan).”

“Poco después de que se había entrado en el terreno, los disque propietarios volvieron y quemaron todo. Entonces, se tuvo que replantear sobre cómo se le iba hacer para recuperar lo que era nuestro. Se usaron las vías legales y nada, puros fallos en contra.”

“En el 2008 la comunidad decidió tomar nuevamente el terreno, se pensó que para recuperar las tierras, se debía contar con guardias de seguridad para proteger los terrenos y la comunidad, y fue así como se empezó a ver cómo se le iba hacer para organizar la guardia comunal.”

“No fue rápido, se tuvieron muchas reuniones, muchas asambleas, pero ya en consejo se propuso quiénes querían ser guardia comunal y las tareas de vigilancia que debían hacer, se votó y fue así cómo se formó la policía comunitaria. El siguiente paso que faltaba era cuando tomar las tierras, y este se dio un día como hoy 29 de junio de 2009”.

Antes de que empezara a tocar el grupo y que le entráramos a la pachanga, todavía nos dio tiempo de platicar sobre las cosas que le toca hacer cuando es guardia comunal y comunero. Por razones de seguridad omitimos su nombre, pero al igual que los demás, trabaja la tierra, siembra maíz, frijol y jamaica, y a veces va de pesca. Es padre de un niño de 8 años y una niña de 3. Entre sus obligaciones y tareas, está realizar rondas de vigilancia por las noches y participar en todos los procesos organizativos de la comunidad.

No siempre se es guardia comunal, también hay procesos de rotación. Cada año son nombradas, en asambleas populares, las nuevas policías comunitarias. Aquí se decide por votación y de forma participativa, como lo hacían sus antepasados.

En ese mismo día, entrevisté a German Ramirez Sánchez, quién es el actual comandante de la Policía Comunitaria Santa María Ostula y quién está encargado de dar las entrevistas a todo aquel que quiera saber sobre qué es ser un policía comunitario o guardia comunal. Aquí una parte de lo que platicamos:

Si se investiga un poco sobre la situación de los grupos de Autodefensas, uno podrá notar que hay importantes diferencias respecto a las policías comunitarias que han surgido en todo el país; como los mecanismos para elegir a sus integrantes y el principio de defender la tierra y lo colectivo. En cambio, los grupos de autodefensas, aunque comparten el objetivo común de la seguridad, sus integrantes no son nombrados por la gente del pueblo y por ende no les rinden cuenta de lo que hacen.

La policía comunitaria de Ostula es un espejo de las demás policías comunitarias que han surgido en el territorio nacional, la mayoría de ellas creadas con la finalidad de defender la tierra, protegerse de la inseguridad, y contrarrestar -en sus comunidades- los elevados índices de violencia que ha vivido el país en los últimos años.

Violencia que agobia a los pueblos indígenas

El aumento de la inseguridad y la violencia en todo el país fue un factor clave para la proliferación de las policías comunitarias en varias partes del territorio nacional. El aumento en estos índices puede apreciarse si analizamos la evolución histórica de la tasa de homicidios, la cual comenzó a intensificarse de manera drástica en 2008, un par de años después de que Felipe Calderón declarara la guerra contra el narcotráfico.

Es en estos años donde comienzan a surgir policías comunitarias en varias partes del territorio nacional, sobre todo en territorio indígena. En 2009 los nahuas de Ostula de la Costa Michoacana emprendieron la tarea de organizarse en contra de la violencia, el despojo, el narcotráfico, las empresas mineras y los proyectos de modernización. Desde que decidieron luchar y defenderse, han sido asesinados treinta y cuatro comuneros y desaparecidos seis más.

Un año antes, los comuneros purépechas de Nurío, Michoacán, decidieron reactivar lo que se conoce como las “Rondas Comunitarias”, una forma organizativa tradicional para defender sus bosques y a la comunidad.

En 2011, los comuneros de Cherán, Michoacán, se sublevaron contra el saqueo de sus bosques a manos de integrantes de cárteles de la droga y talamontes. A través de asambleas comunitarias nombraron a sus policías y se hicieron cargo de su propia seguridad y del gobierno local.  Una forma que se extendió a muchas otras comunidades de la Meseta Purépecha.

En 2013, los nahuas de Manantlán, Jalisco, decidieron crear sus propias guardias civiles y así defender su territorio de las compañías mineras chinas y grupos de talamontes.

En ese mismo año, el poblado zapoteca de Álvaro Obregón, Oaxaca, organizó también su propio cuerpo de seguridad para defenderse de las empresas extranjeras que buscaban instalar en sus tierras aerogeneradores para producir electricidad, y que los excluía del proceso de consulta sobre los proyectos de desarrollo en sus territorios.

Casos recientes de creaciones de policías comunitarias, ocurrieron el pasado 28 de mayo en los poblados de la zona minera de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, Guerrero. El hostigamiento por parte de las bandas criminales que se encuentran en la zona, provocó que la comunidad se alzara en armas, ya que desde hace casi nueve años habían sometido a la población campesina cobrando cuotas de los montos que recibían de la renta de sus tierras por la explotación minera.

Algo parecido sucedió en la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, donde el pasado 20 de mayo fueron asesinados a manos de sicarios de la delincuencia organizada los hermanos: Agustín y Miguel Vázquez Torres. Estos hechos fueron condenados por las autoridades wixaritari (huicholas), quienes advirtieron al gobierno que si no hacían nada para detener a los culpables, la comunidad se levantaría en armas y comenzarían a crear guardias comunitarias para protegerse.

El contexto que lleva a una comunidad a levantarse en armas, no surge de la noche a la mañana. Desde el 2015 han vivido un aumento de agresiones y asesinatos contra su comunidad a partir de la recuperación legal de 182 hectáreas de terrenos en posesión de los ganaderos de Huajimic, quienes los habían despojados de sus tierras tiempo atrás.

La indiferencia del gobierno ante las denuncias y el panorama de inseguridad ha ocasionado que la tolerancia de los pueblos llegue a su fin.

Hasta la fecha hemos contabilizado 97 municipios con la presencia de policías comunitarias y autodefensas, en 10 estados del país; que muestran esta cara de la realidad mexicana, que como Ostula, son un reflejo del país en estos últimos años. Una nación, donde los valores de convivencia social y el estado de derecho están en entredicho. Un país, donde los pueblos indígenas se han visto obligados a levantarse en armas para proteger sus vidas y cuidar lo poco que les queda para subsistir.

Referencias organizativas

Todo parece indicar que la solución a estos problemas que aquejan al país no vendrá por parte del gobierno; mientras tanto, las prácticas colectivas basadas en la autoorganización local y comunitaria son grandes logros en el terreno de la seguridad y el de la protección de los recursos naturales.

En este sentido, podemos referirnos a dos grandes ejemplos que nos hablan de la importancia del trabajo colectivo y el respeto a las formas tradicionales de hacer las cosas.

En la década de los noventa, en dos de las regiones indígenas más pobres del país, en las zonas conocida como La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, el gobierno no se hacía cargo de los abusos de poder ni de la impunidad de los caciques regionales. Los asaltos, el robo de sus productos y ganados, los asesinatos y la violación de sus mujeres eran terrores que ocurrían todos los días.

A raíz de esto, diversas organizaciones campesinas indígenas, que luego se transformaría en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), decidieron organizarse y enfrentar la problemática juntos.

Esta forma de auto organización permitió hacer frente a las problemáticas de inseguridad que vivió Guerrero dentro de sus regiones más pobres. Y no sólo eso, también permitió crear los sistemas normativos para un nuevo sistema de justicia.

Guerrero no fue el único estado donde se vivió una experiencia así. El levantamiento armado indígena zapatista en el estado de Chiapas en 1994, mostró la importancia de estas prácticas basadas en tradiciones y valores ancestrales. Además de presentar otra forma de lucha por el bienestar y la seguridad de sus pueblos, encaminó un proyecto autonómico de derechos indígenas por medio de los acuerdos de San Andrés.

Estas experiencias, tanto la Zapatista como la de las CRAC aportaron mucho de lo que son ahora las policías comunitarias en el país, donde lo único que se busca es que prevalezcan los derechos, la justicia y el bienestar social.

Fuente de los datos: INEGI, mortalidad, defunciones por homicidio. La base de datos de geolocalización de policías comunitarias es de elaboración propia a partir de investigación hemerográfica.