Agosto/2017
Texto: Gisela Martínez @giseleando
Análisis: Daniel Gómez
Arte: Ale Moreno
Dataviz: Daniel Gómez, Ale Moreno
Edición y coordinación: Oliver Morales
El tema del presupuesto hacia los partidos políticos ha generado siempre polémica. En México, a estos organismos se les otorgan fondos públicos desde 1977, con una reforma que abrió las puertas para el registro de nuevas agrupaciones políticas en una época en que sólo dos partidos contaban con un registro para poder contender en elecciones: el PRI y el PAN.
Sin embargo, el costo a cargo del erario público se fue convirtiendo en una carga y en 2007, en una muy controversial e impugnada reforma electoral (sobre todo en lo referente en la contratación de espacios en medios de comunicación), se hicieron modificaciones para reducir el presupuesto de campañas electorales; 10 años después, el Instituto Nacional Electoral (INE) propone el presupuesto más alto en la historia para la financiación de los partidos políticos.
Para el año 2018, la bolsa que podrían repartirse para gastos de campaña, no sólo partidos políticos sino también quienes aspiren a una candidatura independiente; sería de casi 7mil millones de pesos (6,788 ,900,016 pesos) a nivel federal -si así lo aprueba el legislativo- . A esa cantidad falta sumarle los recursos que los estados destinen para sus elecciones locales.
Si hacemos un recuento histórico, observamos que el presupuesto asignado a los partidos políticos se ha elevado de forma sostenida desde hace 20 años, la excepción fueron de los años 2004 a 2006, aunque los montos no fueron menores que los otorgados en 1998, año con el menor presupuesto.
La reforma electoral de 1996 creó un órgano electoral autónomo y sentó las reglas de fiscalización y de asignación de las prerrogativas a los partidos políticos además de señalar expresamente que el financiamiento privado no podrá ser nunca mayor que el financiamiento público.
Las reglas actuales para asignar recursos parten del año 2007, con la reforma al artículo 41 de la Constitución Mexicana. El cálculo para otorgar recursos para sus actividades ordinarias permanentes tiene como base el padrón electoral: los recursos se calculan multiplicando el número total de personas inscritas en el padrón electoral por el 65% del Unidad de Medida y Actualización; es decir, el salario mínimo vigente en la Ciudad de México.
De ese total, el 30% se divide de forma equitativa entre partidos y candidatos independientes y el resto en proporción a los votos que obtuvieron en la elección de diputados anterior. Cuando es año de elecciones presidenciales, el presupuesto aumenta en un 50% de lo que le correspondería a actividades ordinarias.
Es decir, aunque el propio INE califique al proyecto de presupuesto como “histórico” esta cantidad no debía sorprender y de hecho cada año irá aumentando, pues la base para calcular la asignación de esas prerrogativas es el padrón electoral, y ese, de acuerdo con la tasa de natalidad seguirá aumentando.
De acuerdo con la página del INE: el padrón electoral es el registro de todas las personas que solicitaron en algún momento su credencial para votar, sin importar si está vigente o no.
Así que al aumentar el padrón electoral, el presupuesto destinado a partidos políticos aumentará; por ejemplo, el proyecto de presupuesto actual es 32% mayor al presupuesto de 2012 y del doble al asignado en el año 2000.
Otra de las variables que se consideran al momento de calcular las prerrogativas son los votos que obtiene cada partido en las elecciones para elegir diputaciones, pues como señalamos un porcentaje de los recursos se dividen de acuerdo al número que cada uno obtiene en la elección a diputados anterior. Resalta, el caso del Partido Revolucionario Institucional -con excepción del 2007 al 2009- siempre ha obtenido el mayor monto. En segundo lugar el PAN y el PRD en menor medida.
Otro reflejo es el tema de los nuevos partidos. A pesar de que surgen nuevos en cada período electoral, son pocos los que logran la votación mínima para mantener su registro, llama la atención Morena, el partido liderado por López Obrador no sólo ha mantenido su registro sino tiene un crecimiento rápido desde su conformación en 2014.
El 2003 fue el año con mayor número de partidos, 11. A diferencia de 1998, que sólo tenían registro 5 de estas instituciones. Para 2017 son 9 los partidos políticos, aunque el Partido del Trabajo seguía luchando para mantener su registro.
Los Partidos Políticos, a diferencia de otras instituciones, tienen definido su presupuesto a nivel constitucional, eso les da un candado para evitar recortes que otras dependencias como salud, educación o desarrollo social sufren constantemente, y si bien su importancia es innegable en la vida democrática de un país, la ciudadanía tiene cada vez más la percepción de que en México estos organismos se han alejado de su fin: el hacer posible que el pueblo tenga acceso al poder, como lo establece la propia constitución mexicana.
Dentro de esta polémica está el hecho de que como país gastamos cada vez más y más en una estructura electoral pero no estamos teniendo una mejor vida democrática. La percepción ciudadana no es la de que se está realizando una buena inversión en democracia sino un gasto a fondo perdido.
Según el Latinobarómetro, encuesta realizada por una organización no gubernamental del mismo nombre, en México el 76% de las personas encuestadas tienen la percepción de que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos y sólo el 18% percibió que se gobierna para el bien de todo el pueblo.
El propio presidente del INE, Lorenzo Córdova, en un comunicado difundido con motivo del proyecto aprobado, trató de exculpar al órgano electoral: “este proyecto de acuerdo no es una determinación arbitraria del INE, sino la aplicación de una fórmula de cálculo de la bolsa de dinero público que ha generado un consenso político y que se ha plasmado en la Constitución”. Hizo un llamado a los actores políticos a analizar lo razonable de un financiamiento de esa envergadura y a “atender lo que es un legítimo reclamo de la propia sociedad”.
Ante ello, grupos ciudadanos han planteado cambios como las candidaturas independientes y #SinVotoNoHayDinero -iniciativa recientemente declarada constitucional por la Suprema Corte de JUsticia de la Nación para calcular las prerrogativas de los partidos del estado de Jalisco de acuerdo al número de votos y no del padrón electoral.
Sin embargo, estas propuestas se miran cortas ante problemas como el voto corporativo, las restricciones a derechos pilares de la democracia como la libre expresión, la asociación de ideas o el derecho a la protesta, la corrupción, aunado al desprestigio de las instituciones (no solamente las relacionadas con la materia electoral), problemas que socavan de raíz la democracia mexicana.
