Septiembre/2017
Textos: Gisela Martínez @giseleando
Análisis: Daniel Gómez
Arte: Alejandra Moreno
Dataviz: Daniel Gómez
Edición y coordinación: Oliver Morales
El alza en la comisión de delitos de alto impacto es responsabilidad del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, aseguró el jefe capitalino, Miguel Ángel Mancera. En un debate moderado por Loret de Mola en Noticieros Televisa, el funcionario en calidad de presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores consideró que “se están liberando delincuentes masivamente” por culpa de este Sistema.
En diversas ocasiones Mancera ha arremetido contra el funcionamiento del Nuevo Sistema Penal, principalmente contra la figura de prisión preventiva: a principios del mes pasado advirtió de la posible liberación de 4 mil personas por culpa de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia –reportó el diario El Universal- y en marzo pasado afirmó que la excarcelación de 12 mil personas fue lo que detonó la inseguridad en la Ciudad de México, según declaraciones que recogió la revista Proceso.
Y si bien existe una disminución en la población carcelaria en la Ciudad de México, esta tendencia inicia desde el año 2012, según muestran los datos obtenidos en el portal del INEGI. Recordemos que en la Ciudad de México el Nuevo Sistema Penal entró en vigor en enero de 2015 para delitos del orden local y hasta junio de 2016 para delitos del orden federal.
El alza en la criminalidad en la Ciudad de México se debe a diversas razones pero el Nuevo Sistema Penal no es una de ellas. En entrevista para La Data, Ernesto López Portillo, consultor internacional en temas de seguridad ciudadana, señala claramente que "este tipo de declaraciones –como las del jefe capitalino- se tratan de una estrategia política para encubrir las incapacidades y negligencias de las autoridades para modernizarse y profesionalizarse".
Aunque el Nuevo Sistema Penal cumplió un año de implementación, este "no ha terminado de madurar" como lo califica el informe de Consolidación del Sistema de Justicia Penal (octubre 2016 - junio 2017): "al 22 de mayo de 2016, se contaba con un 98% de avance de armonización al Nuevo Sistema de Justicia Penal y un 97% de avance en la armonización al Código Nacional de Procedimientos Penales".
Uno de los puntos que el informe resalta es el vacío en lo que respecta a profesionalizar y actualizar a policías, peritos, ministerios públicos y personal del sistema penitenciario. A pesar de que el propio informe recoge que de 2009 a 2016 fueron capacitados más de 400,000 operadores del sistema judicial -entre ellos 240 mil policías- para 2017 operará una versión actualizada del Programa Rector de Capacitación con planes de estudios también actualizados, para ello se destinarán casi 524 millones de pesos adicionales a los ya invertidos.
En su análisis, López Portillo, señala que la profesionalización que se impartió a policías, peritos y Agentes del Ministerio Público se trató de “una enorme simulación con un enorme gasto, se ha hablado de más de 400 mil personas que fueron “capacitadas” en esos 8 años y sin embargo esas capacidades fueron cortas, fueron superficiales y fueron dedicadas a repetir lo que dice la norma en vez de crear escenarios de experimentación con pedagogías y didácticas modernas”. El especialista refiere testimonios de policías que: "nos explicaban que ellos que salían de las capacitaciones prácticamente igual porque les venían a explicar el derecho pero no les venían a resolver las necesidades prácticas para la investigación".
Y amplía "sin una adecuada capacitación y con unos estándares más altos que cumplir, los operadores no logran defender los casos en las audiencias ante los jueces, el sistema penal hace agua". La que fue calificada por Peña Nieto como “la más importante reforma en toda la historia moderna del derecho penal en México y un año después la quieren desacreditar”. Y prosigue “No es creíble, porque además, el jefe de gobierno no presenta, y nadie en la CONAGO, ha presentado evidencia empírica que pueda relacionar los estándares de investigación, que pueda relacionar los parámetros penales nuevos con el incremento de la delincuencia.”
En el mismo sentido, organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el colectivo #JusticiaSinPretextos han refutado estas declaraciones del jefe de gobierno. En un texto titulado “Ocho argumentos falsos de Mancera sobre la justicia penal” cuestionan la falta de fuentes para verificar las cifras que publica el funcionario y expresan que “su afirmación se basa únicamente en un prejuicio contra personas que probablemente ni siquiera han sido declaradas culpables”.
Juicios orales, audiencias públicas, personal capacitado y sensible… El nuevo sistema penal supondría un cambio de paradigma en relación al viejo sistema en aras de ganar la confianza y la credibilidad perdida de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia. Pero esto no ha sido así, la cifra negra de la subdenuncia persiste: en 2015 era 94% a nivel nacional y en la Ciudad de México subía a 95%.
Con estos porcentaje de subdenuncia el “sistema penal se convierte en algo simbólico”, señala López Portillo y ahonda:
“El sistema penal no le abre los brazos a la víctima para protegerla, para defenderla […] En la realidad el MP es una burocracia, no profesional, no transparente, con problemas gravísimos de corrupción, hundida en el papeleo”.
El citado informe de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así lo reconoce, en una frase que debería limitarse a la mera retórica acaba siendo una confesión de parte: "Sin duda, hoy el principal reto es fortalecer la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones y en los operadores del Sistema de Justicia Penal. Es precisamente por esta razón que todos los Poderes y órdenes de gobierno estamos llamados a redoblar esfuerzos en el ámbito de nuestras respectivas competencias, para fortalecer las condiciones de seguridad y justicia que la sociedad merece para vivir en un México en Paz."
Pero no sólo es una cuestión de percepción sino que existe una política estructural para desincentivar la denuncia. A pregunta expresa López Portillo explica: “Nosotros hemos podido registrar durante muchos años, y otros equipos de investigadores lo han visto, prácticas que inhiben la denuncia en el MP, en donde lo que se hace es presentarle el proceso de denuncia a la víctima como una carga burocrática mucho más que como una solución a un problema.
“Son trámites, lo que uno encuentra en una agencia de MP lo que encuentra son personas expertas en hacer tiempo, son burócratas, no son investigadores, no están sensibilizados para la atención de las víctimas, por eso se creó la Ley General de Atención a Víctimas, por eso se creo la figura del abogado victimal, porque las víctimas sufren acercarse al sistema penal.”
Y si una víctima decide hacerle frente a toda esta burocracia y levantar su denuncia, lo más probable es que su caso no logre romper la barrera del ministerio público; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016: de los delitos denunciados a nivel nacional –en el 2015- sólo el 6.3% de los casos se puso al delincuente (sic) a disposición del Juez. Y si además consideramos que sólo se denuncian el 10.5 de los delitos, esta cifra habla que de cada 100 delitos que se cometen a nivel nacional sólo 6 casos serán turnados ante un juez.
López Portillo puntualiza "la criminalidad y violencia disminuye con políticas de reducción de la violencia, no metiendo más gente a la cárcel".
Los cambios y los paradigmas no se instauran por decreto.
