Agosto/2017
Texto: Susana Zavala-Orozco
Análisis: Wilant Gomari
Arte: Ale Moreno
Dataviz: Ale Moreno, Irving Morales, Wilant Gomari
Edición y coordinación: Oliver Morales
El embarazo es una condición que comúnmente provoca dos tipos de reacción en una mujer y en una sociedad. Por una parte, júbilo y felicidad sobre la próxima maternidad. Por la otra, temor e incertidumbre ante la inesperada noticia.
Esta última circunstancia ha tomado un giro distinto en la Ciudad de México. Para las mujeres que no está entre sus planes la crianza de un hijo, la opción más cercana es la Interrupción legal de su embarazo.
A 10 años de la reforma en el Código Penal para despenalizar el aborto, la Secretaría de Salud capitalina (SEDESA) reporta 182,361 interrupciones.
Siendo México heredero de una tradición católica, las iniciativas impulsadas desde los años setenta por grupos feministas, que buscaban garantizar el aborto legal, gratuito y salubre, parecía imposible de ejecutar.
Después de un proceso tortuoso y en medio de polémicas legales, éticas y religiosas, en abril de 2007, la capital del país se convirtió en la única entidad en modificar su Código Penal para despenalizar el aborto. Adicionalmente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hizo modificaciones a la Ley de Salud para convertirla en una política pública.
El debate volvió a la arena publica y reavivo el conflicto mediático. Los grupos pro-vida declararon que realizarían bloqueos en clínicas y protestarían en contra de los asambleístas que aprobaron la que llamaron "ley a favor de la muerte". Amenazaron con pegar 50,000 carteles por toda la Ciudad de México con la leyenda: “Para el PRD hay quienes no tienen voz ni voto. Quitarle la vida a alguien no puede ser legal. No al aborto”
Lo sorprendente fue que los recursos que apelaban a la inconstitucionalidad de la despenalización, fueran presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR); argumentando que una ley no puede promover la privación de la vida en ninguna de sus formas, ni realizar discriminaciones en la protección, como sería la etapa de gestación. Por su parte la CNDH antepuso que el artículo 73 establece que solo el congreso puede elaborar y aprobar leyes en materia de salud.
Un año después, en 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronunció ante los recursos de inconstitucionalidad presentados. La Corte consideró que la despenalización del aborto, fue una medida idónea para garantizar los derechos humanos de las mujeres y estableció que:
"La Constitución no reconoce un derecho a la vida en sentido normativo, sino que obliga más bien al Estado a promocionar las condiciones para su adecuado disfrute una vez que existe."
Con este paso la SCJN constituyó un logro histórico y un avance sin precedentes en materia de derechos sexuales y reproductivos. Con libre decisión sobre su vida reproductiva, miles de residentes de la Ciudad de México, ahora, son atendidas en instituciones especializadas, de forma gratuita y confidencialmente.
“Hacer caso omiso a personas que cuentan con módulos de información afuera de las instalaciones, y que no forman parte del personal de la clínica”, es una advertencia reiterada a las pacientes que acuden a interrumpir su embarazo en una clínica ILE debido a que grupo Pro Vida, suelen estar en permanente activismo.
Y es que las posturas en torno a la interrupción del embarazo y su despenalización son siempre controvertidas y muy polarizadas. El debate entre grupos que defienden el derecho a decidir de la mujer y los que defienden el derecho a la vida del producto de la concepción, es frecuente y podemos encontrarlo en todos los estratos socioeconómicos.
Según las encuestas de percepción realizadas en 2007 y 2012, en 5 años aumento un 8% el número de personas que estaban de acuerdo con la despenalización del aborto. Sin embargo, vemos que la tendencia se invierte cuando la interrupción sucede en circunstancias específicas: cuando la vida de la mujer corre peligro, si el embarazo se dio por violación o incesto, o si hay evidencia de que él bebe tenga alguna malformación o discapacidad física; aquí los niveles de aprobación de la despenalización del aborto descienden aproximadamente un 6%.
El pasado 6 de Julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí emitió un boletín de prensa donde confirmaba la detención de una chica de 20 años tras ser dada de alta del Hospital Central de San Luis Potosí. La presunta culpable acababa de realizarse la interrupción de un embarazo de 6 meses; la joven declaro que no tenía el recurso económico para cuidar y mantener un hijo. Ahora enfrenta cargos que podrían llevarla a la cárcel hasta por 3 años.
La tipificación y la penalización del aborto es distinta en cada estado de la república. Los códigos penales de cada entidad difieren en cuanto a las causales de aborto, es decir, las condiciones cuando la interrupción de un embarazo es permitido legalmente.
Esto representa un gran reto para el sistema de justicia en turno, pues la falta de armonización legislativa de los códigos penales, así como la inexistencia de protocolos que especifiquen cómo debe proceder el personal de salud ante estos causales, refuerzan la desigualdad en la impartición de justicia e impiden que se garantice el acceso a derechos de manera universal.
Acreditar que se fue víctima de una violación, es la única causal que deja exenta de la penalización a una mujer en caso de abortar, en cualquier parte del país.
La disparidad de los códigos penales y la posibilidad de interrumpir un embarazo por voluntad que otorga la legislación de la CDMX, ha generado una dinámica donde miles de mujeres viajan de todos los estados de la república en busca de un derecho que en sus lugares de origen les costaría su libertad.
Hasta el 23 de Agosto de este año se tiene un registro de 46,543 mujeres provenientes del Estado de México que han viajado a la Ciudad de México para realizase un procedimiento de aborto, 46 mil mujeres que de haberlo intentado en sus estados de origen, estarían enfrentándose ahora con penas que van desde condenas corporales, económicas, de trabajo comunitario y de atención psicológica.
El Estado de México es la entidad que tiene el mayor registro de mujeres han viajado a CDMX para realizar una interrupción legal del embarazo (ILE). Si cada una de estas mujeres, hubiese sido criminalizada en el Edomex y recibido la pena máxima que estipula su código penal. Tendríamos 46,543 mujeres cumpliendo un total de 139,629 años de condena. Lo que rebasaría mas de 4 veces, la capacidad instalada de los 21 penales del Estado.
Las cifras de mujeres purgando condenas debido a causa de un aborto, son imprecisas. Sin embargo, los delitos que más se les imputan a estas mujeres son por abortos espontáneos y homicidios, aseguran los activistas en pro de los derechos sexuales y reproductivos “Las Libres, AC”.
La SEDESA e INMUJERES de la Ciudad de México pusieron en marcha, hace más de diez años, el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, este se encargaría de informar semanalmente datos estadísticos sobre la prestación de este servicio.
El registro de este mecanismo da cuenta, al 23 de Agosto del 2017, de 182,361 interrupciones. La mayoría [55%] realizados entre la sexta y la octava semana de gestación. Siendo mujeres entre 18 y 24 años de edad el 47% de las pacientes atendidas.
Las capitalinas son las que encabezan la prestación de este servicio de salud con 129,156 usuarias; el Estado de México en segundo lugar con 46,543. Entidades circunvecinas como el estado de Puebla e Hidalgo, con alrededor de mil interrupciones, evidencian que la proximidad de la entidad con la Ciudad de México es un factor determinante en el número de mujeres que se traslada para realizar un aborto.
Da click en algún estado para concer los datos correspondientes:
La gratuidad para las mujeres con residencia en la ciudad está garantizada. Para esto, el gobierno habilitó 13 clínicas de salud sexual y reproductiva.
Acreditarse con identificación oficial, llevar un comprobante de domicilio e ir acompañadas por una persona, son los requisitos indispensables para que una mujer mayor de edad pueda ser atendida. En el caso de las menores, el acta de nacimiento y la CURP, son necesarias, así como acudir con alguno de los padres o tutor.
Tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) como la SCJN sentaron precedente al despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación. Sin embargo, los grupos conservadores dentro de los congresos estatales, respondieron poniéndole un candado a sus constituciones para así parar posibles modificaciones en escalada a los códigos penales. Garantizar el derecho a la vida desde su concepción, es un mandato consignado en la Constitución Política del estado de Chihuahua desde 1994; con este precepto congresistas de 17 entidades emularon la medida a partir del pronunciamiento de la Corte.
Los estados de Morelos y Baja California iniciaron la modificación a su Carta Magna en 2008; siendo Veracruz la última entidad, al momento, en incluir este precepto en 2016.
Congresistas de los estados como Michoacán y Nuevo León también buscaron aprobar esta medida, pero no consiguieron la votación mayoritaria.
En Baja California, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, impugnó este precepto como inconstitucional, pero la corte lo rechazó.
En Querétaro se presentó el mismo caso, con la particularidad que sólo para el Ayuntamiento de Arroyo Seco, donde ahora la inconstitucionalidad sobre el derecho a la vida desde la concepción es aplicable.
En diez de los estados donde la protección a la vida desde su concepción fue aprobada, eran gobernados por el Partido de la Revolución Institucional (PRI); siete por el Partido de Acción Nacional (PAN) y uno del Partido Revolucionario Institucional (PRD).
La lucha por revertir la despenalización del aborto aún persiste. Periódicamente grupos Pro Vida manifiestan su rechazo organizando actos públicos contra esta prerrogativa.
El pasado 9 de mayo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa para modificar el Artículo 4 constitucional, la reforma tiene la finalidad de legalizar el aborto.
De esta forma, quedaría legalizado el aborto para las mujeres que así lo soliciten, sino que también quedarían obligadas las autoridades de salud de todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, a prestar servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción del embarazo de manera voluntaria.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), asociación que promueve y defiende los derechos reproductivos de las mujeres, ha destacado que la negativa a legalizar el aborto, ha generado una ola de criminalización de las mujeres que abortan por diversos motivos, incluso, en donde las causales estipuladas en los marcos legales de sus estados, las autorizan a llevarlo a cabo.
En casos dramáticos, las llevan a purgar penas corporales desproporcionadas. Pero, el riesgo de muerte por practicarlo de manera clandestina, es el factor más importante que se busca erradicar con la despenalización.
El análisis de los datos sobre la Interrupción Legal del Embarazo nos revela que, tras 10 años de trabajo, el gobierno de la CDMX ha logrado llevar la interrupción de un embarazo no deseado del tabú y la clandestinidad a la legalidad y a la necesidad de procedimientos seguros.Una política pública eficiente y garante de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que debe estar disponible en todo el país.
Fuente de los datos: "Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo.", "Interrupcion Legal del Embarazo – Estadisticas 2007-2016."
Crédito de foto: Ro para Más de 131
